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ONU MUJERES: Consultoría de Incidencia política para promover el derecho a una vida libre de violencia, La Paz, Bolivia

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## ONU MUJERES: Consultoría de Incidencia política para promover el derecho a una vida libre de violencia, La Paz, Bolivia - Organization:UN Women - United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - Office:UN Women Bolivia IAsignación de la consultoría La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), basándose en la visión de igualdad consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, trabaja para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y las niñas; por el empoderamiento de las mujeres, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres como socios y beneficiarios del desarrollo, por los derechos humanos, en las acciones humanitarias, en la paz y seguridad. Al colocar los derechos de las mujeres como el eje central de su labor, ONU Mujeres lidera y coordina los esfuerzos del Sistema de las Naciones Unidas para asegurar que los compromisos de igualdad y transversalidad de género se traduzcan en acciones en todo el mundo. Al mismo tiempo, ejerce un liderazgo sustantivo y coherente para apoyar las prioridades y los esfuerzos de los Estados Miembro, construyendo una asociación eficaz con el gobierno, la sociedad civil, así como con otros actores relevantes. ONU Mujeres aborda integralmente las causas profundas de la desigualdad desde una perspectiva de transformación de los sistemas de reproducción de las desigualdades de género y discriminaciones y con un enfoque de construcción de paz en torno a: - Expandir las voces, el liderazgo y la participación de las mujeres; - Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas; - Fortalecer la implementación de la agenda de paz y de seguridad de las mujeres; - Aumentar la autonomía económica de las mujeres; - Hacer que las prioridades en materia de igualdad de género sean esenciales en los planes, presupuestos y estadísticas nacionales, locales y sectoriales; - Implementar normas, políticas y parámetros mundiales sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, sentando bases para la adopción de medidas por parte de los gobiernos y de otros interesados a todos los niveles. La Nota Estratégica 2023 - 2027 de la Oficina País busca contribuir al empoderamiento, el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y a la disminución de las brechas de género, con énfasis en aquellas que viven mayor desigualdad en Bolivia, acorde con las agendas del “Vivir Bien” y Despatriarcalización. Este documento prioriza tres áreas estratégicas: Gobernanza y Participación Política; Empoderamiento Económico y Erradicación de la Violencia, que se alinean a las prioridades del Estado Plurinacional y sus prioridades con relación a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. De igual manera, ONU Mujeres Bolivia acompaña al Estado boliviano en sus esfuerzos por cumplir con los compromisos asumidos con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing; la Resolución N°1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad y las subsiguientes resoluciones derivadas; el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo; y otros procesos intergubernamentales pertinentes, como resoluciones de la Asamblea General y conclusiones convenidas de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. De esta forma, ONU Mujeres a través de la implementación de su Nota estratégica 2023 – 2027 contribuye al avance del Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para el Vivir Bien en Bolivia 2023 – 2027 priorizando el alcance del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 de igualdad de género y trabajando por su integración con la Agenda de Desarrollo Sostenible en su totalidad. La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las problemáticas más graves y persistentes que enfrenta Bolivia. Los avances registrados en los últimos años son importantes, pero conviven con desafíos estructurales que evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas, los mecanismos de protección y el acceso efectivo a la justicia. De acuerdo con el estudio “Violencia de pareja íntima contra mujeres en Bolivia”, la prevalencia de la violencia física, psicológica o sexual ejercida por la pareja en los últimos 12 meses disminuyó del 43,5% en 2008 al 30,5% en 2023. Este descenso representa un avance significativo a lo largo de quince años. De manera paralela, los casos de feminicidio muestran una reducción gradual, pasando de 147 casos en 2018 a 84 en 2024 y 81 en 2025. Asimismo, las denuncias registradas ante el Ministerio Público aumentaron de 40.558 en 2018 a 46.247 en 2025. Este incremento puede interpretarse como una mayor visibilización de la violencia, una mayor disposición de las mujeres a denunciar y, posiblemente, una creciente confianza en las instituciones encargadas de la protección y el acceso a la justicia. Sin embargo, estos datos no deben conducir a una valoración triunfalista de la situación. La reducción de los indicadores no modifica una realidad alarmante: en 2023, una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años reportó haber sobrevivido a alguna forma de violencia basada en género. Esto equivale aproximadamente a 900.000 mujeres en el país. A ello se suma una expresión aún más extrema de esta violencia: cada cuatro días una mujer pierde la vida de manera violenta y, en dos de cada tres casos, el agresor es la pareja, ex pareja, cónyuge o concubino de la víctima. Las cifras de 2025 reflejan la magnitud del problema. El Ministerio Público registró 46.247 denuncias relacionadas con violencia en razón de género, entre las que se destacan 3.313 casos de violación, 3.299 de abuso sexual, 2.314 de violación de infante, niña, niño o adolescente, 1.849 de estupro y 1.287 correspondientes a otros delitos sexuales. A ello se añaden alrededor de 34.502 casos de violencia familiar o doméstica, que continúa siendo el delito de mayor incidencia en el país. No obstante, diversos análisis coinciden en que estas cifras representan solo una fracción de la violencia realmente existente. Se estima que una gran parte de los casos permanece oculta debido al miedo, la dependencia económica, la desconfianza institucional y las múltiples barreras que enfrentan las mujeres para denunciar. En respuesta a esta problemática, Bolivia ha dado pasos significativos en el ámbito normativo, particularmente con la promulgación de la Ley N.º 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Esta norma constituye uno de los principales instrumentos de protección de los derechos de las mujeres en el país y establece obligaciones para el Estado en materia de prevención, atención, sanción y reparación. Sin embargo, las limitaciones en su implementación efectiva, la insuficiencia de recursos, las debilidades institucionales y las persistentes barreras de acceso a la justicia continúan impidiendo una respuesta adecuada frente a una problemática cotidiana y profundamente vulneradora de derechos humanos. Asimismo, en los últimos años se ha observado un creciente cuestionamiento al enfoque y a la legitimidad de la Ley 348 por parte de sectores que promueven discursos contrarios a los avances en materia de derechos de las mujeres. Estas narrativas suelen centrarse en la idea de que existirían denuncias masivamente falsas o que la violencia afecta por igual a hombres y mujeres, relativizando así las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres. Si bien toda forma de violencia requiere atención y protección estatal, la evidencia disponible demuestra que la violencia contra las mujeres continúa siendo un fenómeno sistemático y desproporcionado, y que los problemas persistentes en el sistema de protección y justicia siguen representando obstáculos significativos para garantizar una vida libre de violencia. En este contexto, y en el marco de las acciones i

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